Ximena Solis

En Franklin Park, suburbio de Chicago, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y mató a Silverio Villegas-González, un inmigrante mexicano de 38 años originario de Michoacán, luego de que éste tratara de evadir un arresto, atropellando con su automóvil a un agente. La autoridad afirma que el agente fue arrastrado y actuó por temor a por su vida.

El hecho ocurrió como parte de la “Operación Midway Blitz”, campaña reciente de refuerzo migratorio impulsada por el gobierno federal. La identidad del inmigrante fue confirmada por el consulado de México en Chicago, que también busca que haya claridad en el procedimiento. El agente se reporta con heridas y en condición estable.

Por parte de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se justificó el uso de la fuerza como “apropiado” dado que había resistencia al arresto, uso del vehículo, y riesgo para los oficiales. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y legisladores locales han pedido transparencia, investigación independiente y que se revele cómo se condujo el operativo.

Para muchas comunidades migrantes, este incidente no es aislado sino parte de una tendencia creciente de acciones agresivas que generan miedo, inseguridad y cuestionamientos sobre la rendición de cuentas en los operativos de ICE. Se advierte que detrás del discurso de “orden” y “ley” hay personas cuya vida queda a merced de decisiones inmediatas sin espacio para defensa.

Silverio trabajaba como cocinero y llevaba una vida cotidiana bastante lejos del estereotipo del “criminal peligroso” que algunas autoridades han usado para justificar operativos. Que su muerte ocurra bajo esos términos obliga a preguntarnos si el miedo justificable del agente realmente ameritaba disparar, cuándo se consideró la proporcionalidad, y qué herramientas de rendición de cuentas existen cuando el Estado lesiona la vida de alguien que llega para trabajar.

Este tipo de casos revelan parte del coste humano de las políticas migratorias agresivas, sobre todo cuando comunidades enteras viven con la amenaza de una detención que puede escalar hasta la muerte. Lo menos que pueden esperar las familias afectadas y la sociedad es que se garantice justicia, que se investigue con transparencia y se revise si quienes toman decisiones priorizan siempre el valor de la vida humana.