Trabajo infantil en México: una deuda social pendiente

Autor: Andrés Cisneros

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló cifras alarmantes: en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años se encontraban trabajando en México. Esta realidad evidencia que el país aún enfrenta enormes retos para garantizar los derechos de la niñez y erradicar prácticas que vulneran su desarrollo integral.

La distribución por sexo muestra una marcada diferencia: 60.2% eran hombres y 39.8% mujeres. Si bien los niños varones predominan en las cifras generales, es importante no perder de vista las particularidades de la participación femenina, muchas veces invisibilizada, sobre todo en el ámbito doméstico.

Por grupos de edad, el más afectado fue el de 15 a 17 años, etapa crítica para la formación académica y personal. Le sigue el grupo de 10 a 14 años, lo que evidencia que el trabajo infantil se mantiene desde etapas tempranas, afectando el acceso a la educación y el derecho al juego.

Más preocupante aún es la naturaleza de las actividades desempeñadas. El 48.6% de los menores trabajaba en ocupaciones no permitidas, el 42.9% realizaba quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, y el 8.5% combinaba ambas formas de explotación.

En cuanto a los sectores económicos donde se desarrollaba el trabajo infantil, el agropecuario encabezó la lista con 33.0%, seguido de servicios (23.2%), comercio (21.5%), industria (12.5%) y construcción (7.0%). Esto refleja que el fenómeno se extiende por todo el aparato productivo nacional, lo que requiere una respuesta interinstitucional y de múltiples niveles.

Estas cifras no sólo representan estadísticas frías; son el reflejo de millones de historias de infancia truncada, de desigualdad estructural y de ausencia de políticas eficaces para romper el ciclo de pobreza.

Combatir el trabajo infantil implica mucho más que prohibiciones legales. Se trata de garantizar acceso efectivo a la educación, apoyar económicamente a las familias en situación vulnerable y generar entornos seguros y dignos para todos los menores.

Si bien existen programas sociales orientados a atender esta problemática, los datos del INEGI demuestran que aún no son suficientes. La realidad exige reforzar los mecanismos de vigilancia, ampliar la cobertura educativa y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias del trabajo infantil.

El trabajo infantil no puede normalizarse ni justificarse por la precariedad. La infancia debe ser protegida como una prioridad nacional, no como un recurso de mano de obra barata.

En un país que aspira a un desarrollo justo e incluyente, no puede haber lugar para la explotación de los más jóvenes. El reto es monumental, pero ineludible.