Autora: Ximena Solis

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” y uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, salió este lunes 14 de julio de prisión federal en Chicago tras declararse culpable de cargos de narcotráfico, y fue trasladado a una “ubicación secreta” en los Estados Unidos como parte de su acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano.

De acuerdo con el sistema del Buró Federal de Prisiones, Guzmán ya no figura en registros activos y habría ingresado a un programa de protección de testigos, destinado a quienes colaboran con información para desarticular redes criminales. Aunque su cooperación ofrece una posible reducción de condena, se prevé que permanezca bajo custodia en un lugar confidencial hasta que rinda testimonio y aporte detalles sobre estructuras del narcotráfico.

Este acuerdo representa una estrategia de Estados Unidos para debilitar al Cártel de Sinaloa desde adentro, a través de inteligencia y testimonios. El País destaca que Guzmán sería el primer miembro de la familia Guzmán que acepta su culpabilidad ante una corte estadounidense, lo que podría desencadenar revelaciones clave sobre el tránsito del fentanilo y la organización criminal.

En México, la noticia despertó preocupación. La FGR insiste en que no fue informada previamente del acuerdo ni del traslado, y advierte que esto podría comprometer las investigaciones contra el crimen organizado. La falta de coordinación genera tensión bilateral y plantea dudas sobre posibles omisiones de información entre gobiernos.

Aunque “El Ratón” evitó la cadena perpetua, su futuro depende de su cooperación. De cumplirse lo pactado, su sentencia será dictada el 1 de septiembre y se mantendrá bajo resguardo hasta entonces. Este giro puede transformar las investigaciones del caso, pero también expone a Estados Unidos frente a acusaciones sobre acuerdos controversiales con testigos protegidos.

Este movimiento podría desestabilizar la estructura del Cártel de Sinaloa y propiciar luchas internas entre “Los Chapitos” y la facción del Mayo Zambada. El acuerdo de colaboración trasciende lo jurídico y se introduce en el terreno estratégico y político, a la espera de que la información proporcionada tenga impacto en sentencias futuras.