Autora: Ximena Solis

Este viernes, el gobierno de Estados Unidos inició formalmente los vuelos de deportación de migrantes desde la prisión de máxima seguridad Blackwater River Correctional Facility, conocida mediáticamente como el Alcatraz de los Caimanes, ubicada en el estado de Florida. La prisión se ha convertido en un símbolo de la nueva política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, quien asumió su segundo mandato con una agenda de mano dura en materia migratoria.

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los vuelos tienen como objetivo “agilizar el proceso de deportación de migrantes con órdenes definitivas de salida” y están siendo coordinados en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Guardia Nacional. La mayoría de los primeros vuelos fueron dirigidos hacia países de Centroamérica y el Caribe.

El centro penitenciario fue adaptado para albergar a migrantes considerados de “alto riesgo” o con antecedentes judiciales en sus países de origen. La implementación de estos vuelos ocurre días después de la visita de Trump a la instalación, donde reiteró su intención de endurecer las políticas de detención y expulsión.

Organismos defensores de derechos humanos han levantado la voz en contra de esta medida. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado preocupación por las condiciones en que se encuentran los migrantes detenidos, alegando que la prisión no fue diseñada originalmente para funciones migratorias, lo que podría generar violaciones a los derechos fundamentales de los internos.

Desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que no se han reportado connacionales en los primeros vuelos, aunque mantiene comunicación constante con consulados en la región para brindar apoyo y verificar el trato adecuado a los mexicanos detenidos en ese centro.

Mientras tanto, la política de Trump continúa generando divisiones dentro y fuera de Estados Unidos. Analistas han señalado que este tipo de acciones podrían intensificarse conforme avanza su administración, sobre todo ante el respaldo político que ha encontrado en sectores que ven la migración como una amenaza a la seguridad nacional.

La comunidad internacional ha comenzado a manifestar su inquietud. Gobiernos de América Latina como Colombia, Honduras y República Dominicana han solicitado al gobierno estadounidense informes detallados sobre los procesos y condiciones de los migrantes repatriados desde Blackwater.