Autor: Daniel Hernández Sánchez

El gobierno de Estados Unidos expresó este martes su profunda preocupación y condena por el asesinato de funcionarios cercanos a Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena. A través de una declaración oficial, la administración de Joe Biden manifestó su interés en colaborar con México para combatir el crimen organizado, reconociendo que diversos grupos delictivos ejercen un control preocupante en ciertas regiones del país.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que Washington está dispuesto a apoyar los esfuerzos mexicanos para frenar la violencia, mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho. “Queremos ayudar. Estamos comprometidos con apoyar a México en la lucha contra los cárteles que dominan partes del país”, afirmó

Las declaraciones se produjeron tras la conmoción generada por el asesinato de Ximena Guzmán, colaboradora cercana de Brugada, ocurrido recientemente en la capital del país. El crimen ha sacudido el escenario político nacional y encendió las alarmas internacionales por el grado de penetración del crimen organizado en las estructuras locales.

Según Miller, Estados Unidos tiene una preocupación genuina por la estabilidad democrática de México, especialmente en un contexto electoral. El portavoz enfatizó que es vital que las y los candidatos puedan hacer campaña sin temor, y que las y los votantes puedan acudir a las urnas sin riesgo para su integridad.

En su conferencia matutina, la candidata Clara Brugada condenó el crimen y exigió justicia, al mismo tiempo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno investigará a fondo el asesinato, comprometiéndose a no permitir la impunidad.

El reconocimiento por parte de Estados Unidos de la influencia territorial de los cárteles en México no es nuevo, pero sí llama la atención por su tono más directo. Las autoridades estadounidenses han reiterado que la cooperación bilateral en temas de seguridad es clave y que deben reforzarse las estrategias conjuntas, especialmente en el combate al tráfico de armas y de fentanilo.

En años recientes, la violencia electoral en México ha dejado un rastro de decenas de víctimas entre aspirantes, operadores y funcionarios públicos. Esta situación ha sido motivo de análisis en organismos internacionales y centros de investigación, que advierten sobre el deterioro de las condiciones democráticas en zonas dominadas por la delincuencia organizada.

Para Estados Unidos, lo que ocurre en México no es ajeno. El flujo de drogas, armas y personas a través de la frontera ha generado una interdependencia en materia de seguridad que vuelve urgente una colaboración eficaz. La promesa de “ayuda” hecha por el Departamento de Estado es un gesto diplomático que también implica una presión: esperan que México actúe con decisión frente al crimen organizado.

El reto, sin embargo, no es menor. Las estructuras criminales en México no sólo tienen poder económico y logístico, sino también capacidad de infiltración en instituciones locales. Combatirlas requiere no sólo cooperación internacional, sino una profunda transformación interna en materia de justicia y gobernabilidad.