Autor: Gabriel García

Un nuevo revés legal golpea al empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que un tribunal federal ordenara a Grupo Elektra pagar más de mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondientes a créditos fiscales acumulados por el ejercicio de 2006. La resolución se suma a la serie de litigios que el magnate mantiene contra la autoridad hacendaria mexicana.

El fallo fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual desechó los recursos de inconformidad presentados por Elektra, empresa insignia del Grupo Salinas. La decisión representa un avance significativo para el SAT en su intento por recuperar alrededor de 63 mil millones de pesos que la institución reclama al conglomerado desde hace varios años.

A través de sus redes sociales, Salinas Pliego arremetió públicamente contra el Poder Judicial, calificando la resolución como “una injusticia” y acusando a los jueces de actuar en complicidad con el gobierno federal. “No me voy a dejar, esto apenas empieza”, escribió el empresario, quien ha sostenido un largo historial de confrontaciones con diversas autoridades.

En contraste, el SAT celebró el fallo como parte de su estrategia para garantizar que todos los contribuyentes, sin excepción, cumplan con sus obligaciones fiscales, independientemente de su poder económico o influencia mediática. Desde la administración de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum como presidenta electa, el discurso oficial ha sido claro: nadie por encima de la ley.

Cabe destacar que Elektra ha promovido más de 40 juicios en diversas instancias para impugnar adeudos fiscales derivados de ejercicios anteriores, lo que ha colocado a Salinas Pliego en el centro de uno de los casos de evasión tributaria más mediáticos y persistentes del país.

Este nuevo capítulo pone de relieve el conflicto entre grandes corporaciones y el Estado mexicano en materia de fiscalización. Mientras Salinas Pliego insiste en que se trata de una persecución política, la autoridad tributaria refuerza su narrativa de justicia fiscal y combate a los privilegios.