Diputados aprueban en lo general la reforma a la Ley de Amparo

Daniel Hernández Sánchez

En una sesión marcada por el debate y la confrontación política, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor, 131 en contra y una abstención, principalmente de la diputada Olga Sánchez Cordero, expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa, impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM, busca modificar el alcance de los recursos de amparo, con el argumento de modernizar los procesos judiciales y evitar abusos en su uso.

Durante la discusión, la bancada de Morena defendió que la reforma pretende “democratizar la justicia” y garantizar que el amparo no sea utilizado como un instrumento de las élites para frenar políticas públicas o decisiones de interés nacional. Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario, sostuvo que la modificación “no elimina derechos, sino que da certeza jurídica y orden al sistema judicial mexicano”, y añadió que con ella “se busca equilibrar la relación entre el ciudadano y el Estado sin distorsionar el sentido del amparo”.

Sin embargo, la oposición calificó la medida como un retroceso histórico en la protección de los derechos fundamentales. Diputados del PAN, PRI y PRD advirtieron que las nuevas disposiciones limitarán la posibilidad de que los ciudadanos, organizaciones civiles y comunidades indígenas puedan detener actos de autoridad que vulneren garantías constitucionales. “Se está debilitando el último recurso que tiene el pueblo frente al poder”, señaló el panista Santiago Creel Miranda, quien acusó al oficialismo de intentar restringir los contrapesos judiciales.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del requisito de demostrar que un acto de autoridad cause un daño “de difícil reparación” para conceder la suspensión provisional, así como la inclusión de un apartado que garantiza el respeto a los derechos adquiridos en concesiones o permisos gubernamentales. También se estableció que los asuntos en curso se resolverán bajo el nuevo régimen, lo que ha generado inquietud entre especialistas por la posibilidad de que se afecten procesos en trámite.

La diputada Olga Sánchez Cordero, quien se abstuvo en la votación, expresó que si bien comparte el objetivo de actualizar la legislación, considera que el texto requiere una revisión más cuidadosa. “El amparo es una de las joyas jurídicas del sistema mexicano. No puede modificarse sin plena certeza de sus efectos”, advirtió. Algunos legisladores del PT y PVEM también votaron en contra, señalando que la reforma podría impactar negativamente en la defensa de comunidades rurales e indígenas.

Tras su aprobación en lo general, la reforma será enviada al Senado de la República, donde deberá discutirse y votarse nuevamente. En caso de ratificación, la iniciativa representará una de las transformaciones más profundas al sistema de justicia constitucional en los últimos años. La sociedad civil, académicos y juristas ya han anticipado que promoverán observaciones y posibles impugnaciones para garantizar que el nuevo marco legal no vulnere derechos ciudadanos.

Así, México se encuentra ante un punto de inflexión en materia de justicia: la reforma a la Ley de Amparo podría redefinir la relación entre el ciudadano y el Estado. Mientras Morena la defiende como un paso hacia la eficiencia judicial, la oposición la ve como una amenaza al equilibrio democrático y a la defensa de las libertades individuales. El verdadero impacto, coinciden expertos, dependerá de su aplicación y de la vigilancia ciudadana en los próximos meses.