Autor: Daniel Hernámdez Sánchez La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha determinado la intervención administrativa de Intercam Banco y CIBanco, luego de una serie de investigaciones que apuntan a presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con redes internacionales del tráfico de fentanilo. La noticia sacudió este miércoles 26 de junio al sector financiero mexicano, y ha encendido las alarmas tanto en México como en el extranjero. De acuerdo con el reporte de El Economista, las autoridades identificaron movimientos atípicos, triangulación de fondos y relaciones opacas con empresas fachada, algunas de ellas vinculadas a rutas sospechosas de insumos químicos provenientes de Asia. Aunque aún no se han hecho públicas detenciones o cargos formales, la CNBV actuó con rapidez al nombrar interventores en ambos bancos, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y proteger a los cuentahabientes. Esta acción se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento del escrutinio sobre operaciones financieras, en medio de la creciente presión internacional por combatir el flujo de dinero ilícito derivado del narcotráfico y la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo. En particular, Estados Unidos ha urgido a México a tomar medidas más contundentes en esta materia, y esta intervención podría verse como una respuesta directa a dichas exigencias. La CNBV aseguró que los servicios bancarios para los clientes se mantendrán operando con normalidad y que las cuentas están protegidas. Sin embargo, advierten que los procesos de revisión interna podrían generar retrasos o bloqueos preventivos en operaciones que estén bajo análisis. Ambas instituciones, Intercam y CIBanco, habían mantenido hasta ahora una imagen de estabilidad y enfoque patrimonial. Su involucramiento en este tipo de prácticas representa un golpe reputacional significativo, cuyas consecuencias aún están por medirse. Aún se espera una declaración oficial por parte de las entidades financieras afectadas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya colaboran en el proceso. Este caso subraya la urgencia de contar con mecanismos sólidos de prevención de lavado de dinero y transparencia en las operaciones bancarias. También evidencia que, frente al crimen organizado y su poder económico, la vigilancia financiera debe mantenerse firme y sin excepciones. La sociedad mexicana observa con atención cómo se desarrolla este caso, que podría derivar en sanciones penales de gran alcance y posiblemente más intervenciones en otras instituciones que pudieran estar implicadas. Navegación de entradas Director de Economía BUAP participa en congreso nacional sobre impacto arancelario de Trump Claudia Sheinbaum impulsa los Polos de Bienestar: empresas podrían instalarse desde agosto