Autor: Daniel Hernández Sánchez La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que impulsará una reforma electoral en respuesta a lo que calificó como una “extralimitación” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en el reciente proceso de votación para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El anuncio fue realizado en el marco de una creciente discusión sobre los límites del órgano electoral y la nueva relación entre los poderes del Estado. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el INE tomó decisiones que, en su opinión, no le competen constitucionalmente, al haber emitido observaciones sobre el ejercicio legislativo que definió el nuevo modelo de elección de ministros mediante voto popular. En ese sentido, la presidenta señaló que buscará replantear las atribuciones del INE para evitar lo que consideró una “injerencia indebida” en procesos que competen al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión. La propuesta, aún en fase inicial, contempla revisar las facultades del INE, especialmente en su interpretación del marco constitucional. También se ha planteado la posibilidad de modificar la estructura de los órganos autónomos, en línea con los compromisos adquiridos por Sheinbaum durante su campaña presidencial, donde adelantó que promovería una transformación profunda del sistema político y judicial del país. Desde la sede del Ejecutivo federal, la mandataria puntualizó que el objetivo no es debilitar a los organismos autónomos, sino garantizar que actúen con apego a sus funciones legales, sin extralimitarse ni interferir en procesos democráticos ni de representación ciudadana. El anuncio se produce en un contexto de alta sensibilidad política, tras la aprobación por mayoría calificada en el Congreso de la reforma para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. El INE, por su parte, ha emitido pronunciamientos advirtiendo sobre los riesgos y desafíos técnicos que implicaría esta medida, lo cual ha generado tensiones entre el gobierno federal y el órgano electoral. Diversos analistas han advertido que una reforma de esta magnitud requerirá no sólo mayoría legislativa, sino también consenso político, ante el peso histórico y jurídico que representa el INE como garante de los procesos electorales en México desde su creación en 1990. La comunidad jurídica ha comenzado a debatir los alcances de esta propuesta. Algunos constitucionalistas argumentan que cualquier reforma que modifique las facultades del INE debe garantizar el principio de autonomía, evitando que se debiliten sus capacidades técnicas y de vigilancia electoral. Otros, sin embargo, consideran pertinente revisar los límites de acción del Instituto, especialmente en un nuevo contexto político con mayoría en el Congreso. Por otro lado, partidos de oposición han acusado a Sheinbaum de intentar minar la independencia de los órganos autónomos. Dirigentes de PAN, PRI y PRD coincidieron en que una reforma electoral en este momento podría interpretarse como un intento de concentración de poder por parte del oficialismo. Sheinbaum reiteró que su propuesta buscará fortalecer la democracia, reducir privilegios burocráticos y asegurar que el aparato electoral sirva al pueblo. Aseguró también que el diálogo con todas las fuerzas políticas será una prioridad en el proceso legislativo. El tema promete encender el debate nacional durante los próximos meses, en un momento en que México atraviesa una profunda transición política e institucional bajo el nuevo gobierno. Navegación de entradas Diputados aprueban en lo general la nueva Ley de la Guardia Nacional: hacia una Guardia bajo mando militar – civil Golpe al Cártel de los Mayos: capturan a operadores clave en Sinaloa