Daniel Hernández Sánchez Una tragedia sacudió ayer Reynosa, Tamaulipas: el jefe de la Fiscalía General de la República en el estado, Agustín Garza, fue asesinado a plena luz del día mientras circulaba en calles del municipio fronterizo. El ataque fue perpetrado cuando salía de una reunión de trabajo, confirmaron autoridades locales y federales. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Garza sufrió una emboscada caracterizada por disparos desde varias direcciones. En minutos, las células del agresor lo abatieron y huyeron en vehículos que aún no han sido identificados. La investigación está en curso y se han activado operativos conjuntos entre la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública federal y fuerzas estatales. El gobernador de Tamaulipas expresó sus condolencias y repudió el ataque: “Si este crimen ocurrió contra un servidor del Estado, no hay municipio ni funcionario que esté fuera de la línea del fuego del crimen organizado”, afirmó. También anunció que se reforzarán los operativos de inteligencia y se convocaron mesas de coordinación. Este hecho representa un claro desafío al Estado de Derecho en México. No solo la seguridad ciudadana se ve amenazada, sino también la institucionalidad: cuando un fiscal titulado y con funciones clave es víctima de la violencia, el mensaje es que la autoridad por sí sola ya no es suficiente para contener esa ola criminal. La respuesta no puede ser solo operativa: exige coordinación federal, inteligencia precisa y reconstrucción de confianza institucional. La violencia contra servidores públicos marca un nivel de impunidad escalofriante que exige firmeza del gobierno federal y estatal. Navegación de entradas Sheinbaum crea fondo de 250 mil millones de pesos para rescatar y fortalecer a Pemex Golpe al Cártel de Sinaloa: nueva entrega masiva de integrantes a Estados Unidos