Indignación y demanda de justicia: Subdirector de visitas guiadas de la Suprema Corte es brutalmente agredido a unos pasos del máximo tribunal del país

Ángel Gabriel Rivera Martínez

A plena luz del día, a escasos metros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un funcionario del máximo tribunal del país fue víctima de una brutal agresión física mientras transitaba sobre la calle República de Uruguay, en el Centro Histórico. Dos personas —un hombre y una mujer a bordo de una motoneta eléctrica— lo golpearon sin motivo aparente, derribándolo al suelo y causándole graves lesiones, entre ellas fractura de nariz y daño dental.

El hecho resulta aún más alarmante porque, según el testimonio de la víctima, elementos policiales presenciaron la agresión y no intervinieron en ningún momento, permitiendo que los atacantes huyeran impunemente. En un video que circula ya en redes sociales, se observan con claridad los rostros de los agresores, sin embargo, ninguna autoridad actuó para detenerlos ni asegurar la evidencia.

“Lo más doloroso e indignante fue que, en lugar de ayudarme, quisieron acusarme a mí, insinuando un robo que jamás ocurrió. A la víctima querían remitirla; a los agresores, los dejaron huir”, narró el funcionario visiblemente afectado. El ataque ocurrió apenas unos días después de que se sometiera a una cirugía ocular delicada por un problema en las córneas, lo que agrava las consecuencias físicas y emocionales del hecho.

El servidor público relató que la agresión no solo le causó heridas físicas, sino un profundo daño moral. “He pasado mi vida luchando por reconstruirme una y otra vez, y enfrentar esta violencia injusta —sumada a la indiferencia de quienes deberían protegernos— no solo me lastima el cuerpo: me hiere el alma”, declaró.

La víctima exige una investigación inmediata y la revisión de la actuación de los elementos de seguridad presentes, señalando la necesidad de que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia. “Lo que pasó no fue un malentendido. Fue violencia acompañada de impunidad”, afirmó contundentemente.

El incidente ha desatado una ola de indignación entre colegas, ciudadanos y activistas, quienes denuncian que la impunidad se ha convertido en una constante, incluso frente a instituciones que simbolizan la justicia en México. El hecho refleja una contradicción dolorosa: mientras el edificio de la Suprema Corte se alza como emblema del Estado de derecho, a sus puertas prevalece la indiferencia y el abuso.

Más allá del caso particular, este episodio expone un problema estructural que atraviesa la vida pública del país: la pérdida de confianza en las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía. No se trata de un caso aislado, sino de un reflejo de lo que viven a diario miles de mexicanos que enfrentan agresiones, robos o actos de violencia sin encontrar respuesta institucional.

“Porque nadie merece ser golpeado, criminalizado y abandonado por la misma autoridad que debería cuidarlo”, expresó la víctima en un mensaje público. Su testimonio se ha convertido en un llamado urgente a revisar la actuación policial, la eficacia de los protocolos de respuesta inmediata y la empatía institucional frente a las víctimas.

Este hecho no solo debe ser atendido como una agresión individual, sino como un símbolo de la impunidad que erosiona el tejido social y la confianza ciudadana. La justicia no puede ser un privilegio, y menos aún, algo que se niega a unos pasos del recinto que representa su más alta expresión.

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