Autor: Daniel Hernández Sánchez

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez Álvarez, ordenó el bloqueo de cuentas bancarias a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como a sus familiares y empresas presuntamente vinculadas a actividades irregulares. La acción fue confirmada por fuentes oficiales y representa un paso más en el proceso de investigación que enfrenta el exfuncionario.

El congelamiento de cuentas bancarias se basa en presuntos vínculos con operaciones financieras injustificadas. Según la UIF, se han detectado movimientos inusuales que podrían estar relacionados con desvío de recursos públicos y posible enriquecimiento ilícito, motivo por el cual se procedió a la medida precautoria en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Cabe recordar que Bermúdez Requena renunció a su cargo el pasado 18 de julio en medio de una creciente presión política y mediática, después de que se dieran a conocer señalamientos en su contra relacionados con un presunto entramado de corrupción y uso de empresas fantasma. A partir de ese momento, las investigaciones han avanzado rápidamente, ahora con consecuencias concretas sobre su patrimonio financiero.

La UIF ha sido enfática en que las investigaciones se llevan a cabo con apego a derecho y en coordinación con otras autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República (FGR), la cual podría judicializar el caso en los próximos días, dependiendo del avance de las pesquisas.

Este caso ha despertado especial atención en el contexto político nacional, pues Bermúdez era una figura cercana al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y su caída ha sido vista como parte de una limpieza institucional en los cuerpos de seguridad estatal, alineada con la política de transparencia que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Desde el ámbito legislativo, algunos actores han pedido que se garantice el debido proceso y se deslinden responsabilidades conforme a la ley. Sin embargo, también hay voces que exigen una auditoría amplia a los contratos y operaciones realizadas durante su gestión, no sólo para esclarecer los hechos, sino también para recuperar posibles daños al erario.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una orden de aprehensión, el congelamiento de cuentas indica que las investigaciones están entrando en una fase crítica, y que podría haber más implicados o nuevas medidas en los próximos días.

La UIF ha reiterado su compromiso de combatir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas, especialmente cuando se trata de exfuncionarios públicos, señalando que la rendición de cuentas es uno de los pilares de la Cuarta Transformación.